COP 20: todos los gobiernos tienen sus pecados

La cumbre gubernamental de la Convención sobre Cambio Climático, que culminó en Lima (Perú) con un tímido “llamamiento” para la acción sobre el clima, deja casi todos los problemas sin resolver.  Por Eduardo Gudynas

Durante dos semanas, delegaciones de unos 170 países firmantes de la Convención sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas abordaron varios de los temas pendientes por las naciones del planeta para encarar esta problemática global. El más importante era acordar un marco para un futuro protocolo para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, que serviría de reemplazo al viejo Protocolo de Kyoto, acordado en 1997. Se sumó además un enorme abanico de organizaciones ciudadanas, confluyendo varias de ellas en una Cumbre de los Pueblos.

La cumbre debía terminar el viernes 12 de diciembre pero, como en otras ocasiones, se mantuvieron las diferencias y contradicciones entre los países mientras en las calles las organizaciones ciudadanas presionaban para lograr medidas efectivas. Los gobiernos negociaban hasta altas horas de la noche y el encuentro se extendió en sucesivas ocasiones, hasta que finalmente se aceptó un documento de consenso en la madrugada del domingo 14.

El acuerdo, Llamado de Lima para la Acción Climática, dejó pendientes muchos problemas y unas cuantas incertidumbres. Se mantuvo el concepto de responsabilidades diferenciadas entre los países, persiste la intención de un nuevo acuerdo donde las naciones deberán contribuir a reducir las emisiones de gases invernadero, y se sumaron los efectos de pérdidas y daños por el cambio climático. Pero no existen mayores precisiones y el lenguaje de la resolución está repleto de términos como “solicitar” o “invitar” a los Estados, lo que deja planteadas toda clase de incertezas.

Todo esto ocurrió en una ciudad de Lima ocupada por unos 20 mil delegados, que participaban tanto en las fotos gubernamentales como en varios espacios paralelos como el Pabellón Indígena o la Cumbre de los Pueblos, donde se reunían distintas organizaciones de la sociedad civil.

Una vez más, los gobiernos dieron vueltas en círculos, cada uno a su manera, para evitar los compromisos y costos de atender el cambio climático. Entretanto, la sociedad civil mantenía la presión sobre las posiciones de los delegados gubernamentales, reclamando acciones concretas cuanto antes. El punto más alto fue una multitudinaria marcha por las calles del Lima, el pasado miércoles 10 de diciembre, con participantes de todos los rincones del planeta.

Una negociación repleta de contradicciones

Si usted leyó los análisis de la prensa convencional donde, por ejemplo, se presentan esas negociaciones sobre el cambio climático como un enfrentamiento entre el “norte” y el “sur”, es necesario advertirle que esas son descripciones muy alejadas de la realidad.

En efecto, en Lima quedó en evidencia que las naciones se agrupan de muy variadas maneras, y que en casi todas ellas existen unas enormes distancias entre sus discursos de responsabilidad ambiental y las medidas que realmente están dispuestas a tomar. Ante el cambio climático, casi todas ellos son pecadores.

Está claro, y nadie discute, que los países industrializados tienen una enorme responsabilidad en las emisiones de gases invernadero, con Estados Unidos a la cabeza (convertido en el segundo emisor global de gases invernadero). Estos países ya tienen compromisos de reducciones de sus emisiones por el actual Protocolo de Kyoto. Esas medidas son insuficientes y un nuevo protocolo debería imponerles nuevas restricciones, y de allí nacen muchas de sus resistencias. Por si fuera poco, varios de los países europeos siguen insistiendo en que el combate al cambio climático debería también ser un negocio, imponiendo sus modos de entender la regulación estatal y los mercados verdes a los demás países, para recibir dinero por ello.

En cambio, los países en desarrollo no están obligados a reducciones bajo aquel viejo convenio y no desean que esa situación se modifique. China se ha convertido en el más grande contaminante global (10.260 millones de tm. de CO2, mientras EE UU alcanza 6.135 millones de tm.), pero sigue siendo calificada como un “país en desarrollo”, sin obligaciones de reducciones. No sólo eso, sino que el plan chino de comenzar reducciones voluntarias después de un pico de emisiones previsto en el año 2030 es inaceptable desde el punto de vista de la salud planetaria.

Todos sabemos que los diplomáticos gubernamentales son muy pícaros, y entonces tenemos casos como China o Brasil, que en unos foros son “países en desarrollo” y en otros eventos son potencias económicas. Por ejemplo, en las negociaciones en cambio climático o biodiversidad son “países en desarrollo”, pero en los encuentros del G20 o en el Foro Económico Mundial de Davos, son BRIC, potencias emergentes o nuevas naciones industrializadas.

Se llega así a la situación donde unos cuantos países del sur, que actualmente se encuentran en buena situación económica, en realidad no desean asumir el costo económico de bajar sus emisiones de gases invernadero a menos que sean financieramente compensados por las naciones industrializadas. India, Indonesia y Brasil ya están entre los 10 más grandes contaminantes globales. Por ello trababan muchos avances en Lima, aunque por razones distintas a las que pudieran tener, por ejemplo, la Unión Europea.

También es muy difícil discutir sobre estas cuestiones, cuando hay países industrializados que no sólo no ofrecen ejemplos de evolucionar hacia unas economías de bajo impacto de carbono, sino que descontroladamente aumentan sus emisiones o apelan a procesos contaminantes. Entre los casos más repetidos en Lima se citaban las pésimas performances de Canadá y Australia, o los guiños de Polonia a seguir quemando carbón.

En el pretendido sur también hay unos cuantos países que son productores de petróleo y miran con mucha preocupación todas estas negociaciones, ya que las interpretan como una amenaza sobre sus exportaciones. Esto explica que naciones como Arabia Saudí y Venezuela, una monárquica y la otra revolucionaria, se resistieran a nuevos compromisos globales que sumaran a los países en desarrollo.

Pero ni siquiera dentro de América Latina existe un consenso sobre cómo enfrentar el cambio climático. Es así que en Lima se hicieron presentes los jefes de Estado de Chile, Perú, Colombia y México, como respaldo a sus posturas coordinadas dentro de la Convención de Cambio Climático. Otras posiciones eran defendidas por otro bloque, algo más laxo, que incluyó a Venezuela, Bolivia y a veces algunos otros países del bloque ALBA (la iniciativa bolivariana que promovió el presidente Hugo Chávez), y Brasil, lanzado con su propia agenda, como ha ocurrido en otras cumbres.

Además de estas contradicciones entre los países, existen duros contrastes entre lo que dicen los gobiernos dentro de esos foros y lo que sucede dentro de los países. Cuando se escuchaban las intervenciones en Lima parecería que cada una de los países era casi un paraíso ecológico y sus actuales gobiernos serían paladines del ecologismo. Más allá de esas palabras, veamos tres ejemplos distintos. Perú, el país que anfitrión de este encuentro, está bajo los efectos de una recientemente aprobado ‘paquetazo ambiental’, que acota los controles y fiscalizaciones ambientales, especialmente en los sectores mineros y petrolero. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, estuvo presente en Lima con un encendido discurso ambientalista, pero no dijo que recortó el presupuesto del Ministerio del Ambiente y que también ha impuesto medidas de flexibilización ambiental que favorecerá la explotación convencional de petróleo, el fracking y la minería.

Pero es tal vez Bolivia una de las situaciones más complicadas, ya que se ha hecho muy conocida por la encendida defensa que hace su presidente, Evo Morales, de los derechos planetarios de la Madre Tierra, y su crítica al capitalismo global. Bolivia tiene mucha razón cuando recuerda que el actual cambio climático se debe, sobre todo, a las emisiones anteriores que se han originado de los países industrializados. El problema es que dentro del país, el gobierno Morales no sólo no mantiene una efectiva estrategia de proteger la Madre Tierra a nivel local, sino que hostiga a los ambientalistas. Es un gobierno que además alienta la explotación de hidrocarburos y tiene un enorme subsidio sobre los combustibles, y acaba de anunciar que financiará la instalación de una planta nuclear. A su vez, como ocurre en casi toda América del Sur, sus principales fuentes de emisiones de gases invernadero se deben a la pérdida de selvas o los avances de la agropecuaria sobre áreas naturales.

Por lo tanto, en Bolivia, como los demás países andinos y amazónicos (incluyendo a Brasil), cualquier abordaje serio sobre el cambio climático requiere repensar las políticas agrícola, ganadera y forestal, y la tenencia de la tierra. Pero nada de eso sucede en esas naciones.

La excepción a esta triste situación se encuentra en los pequeños estado islas, y en algunos que, como Filipinas, están comenzando a sentir con toda su fuerza los efectos del cambio climático. Ellos ya no pueden esperar y necesitan medidas concretas cuanto antes.

Un camino difícil hacia París

La Cumbre Climática de Lima debía haber dejado en claro un marco específico para un nuevo protocolo global sobre cambio climático que las naciones deberían firmar en París, en 2015. Por ahora, este “llamamiento” de Lima tiene la ventaja de mantener negociaciones en marcha, pero la desventaja de no haber podido resolver las mayores tensiones.

Bajo las actuales condiciones, donde los gobiernos se echan culpas unos a otros o desean recibir dinero a cambio de reducir sus emisiones, será más que difícil lograr un avance sustancial en el próximo año. Entretanto, la situación ecológica planetaria seguirá empeorando, y una vez más serán los más pobres, pero tanto en el sur como en el norte, los que padecerán sus efectos anteS que nadie.

Publicado en Diagonal Periódico, Madrid, 15 diciembre 2014.

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